El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 marcó un antes y un después en la historia de Chile. La destitución de Salvador Allende evidenció la mano oculta de Estados Unidos en la política latinoamericana e instauró una dictadura brutal. Este artículo resume documentos desclasificados que revelan cómo la CIA financió operaciones para desestabilizar a Allende, seguido de las comunicaciones, intervenciones y subsidios a los grupos en Chile que hicieron el golpe. Sigamos los hechos, documento a documento, para esclarecer esta trama.

Los comienzos de la intervención encubierta (1963-1970)

Desde principios de los años 60, Estados Unidos veía a Chile como un campo de batalla clave en la Guerra Fría. El informe del Senado de 1975 detalló las actividades de la CIA en Chile entre 1963 y 1973. La agencia gastó $3 millones de dólares en las elecciones presidenciales de 1964 ($30 878 903 USD A.P.I.) para asegurar la victoria de Eduardo Frei y evitar que Salvador Allende llegara al poder. De este monto, $5 146 483 ^a.p.i. se usaron para propaganda a través de diarios como El Mercurio y emisoras radiales clave como Radio Agricultura, mientras que $15 439 451 ^a.p.i. fueron entregados a partidos políticos de derecha como el Partido Nacional y a asociaciones civiles opuestas al Frente de Acción Popular.

En los años siguientes, se desarrolló una red de desinformación que buscaba sembrar miedo en torno a la "amenaza comunista". Bajo la dirección de Richard Helms, agentes de la CIA trabajaron estrechamente con empresarios locales, como Agustín Edwards, propietario de El Mercurio, y organizaciones como la Sociedad Nacional de Agricultura. En 1968, se incrementó el apoyo a sindicatos conservadores y federaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FEUC), liderada en ese entonces por figuras aliadas al Partido Demócrata Cristiano.

Paralelamente, empresas estadounidenses como International Telephone & Telegraph (ITT) comenzaron a colaborar activamente con la CIA para desestabilizar a cualquier gobierno que amenazara sus intereses. En reuniones llevadas a cabo en 1969 entre altos ejecutivos de ITT y representantes de la CIA en Santiago, se discutieron medidas para financiar huelgas y otras acciones destinadas a debilitar a los movimientos de izquierda.

Esta combinación de financiamiento directo, desinformación y colaboración empresarial generó un clima de polarización que se volvería crítico en los años posteriores, consolidando las bases para intervenciones más agresivas.

La elección de Allende y el “Track II” (1970)

Cuando Allende ganó las elecciones en septiembre de 1970, la reacción de Washington fue inmediata. Documentos desclasificados, como las transcripciones telefónicas de Henry Kissinger, revelan que el presidente Nixon ordenó medidas para impedir la asunción de Allende. En una reunión el 15 de septiembre de 1970, Nixon, junto con Kissinger y el director de la CIA Richard Helms, establecieron el "Track II", una operación secreta para fomentar un golpe militar sin involucrar al Departamento de Estado ni a los embajadores. El plan incluía contacto directo con oficiales chilenos, como el general Viaux, quien fue clave en los intentos de derrocar a Allende.

Las transcripciones también revelan conversaciones en las que Nixon y Kissinger discutieron el uso de $100 millones de dólares^a.p.i. para operaciones encubiertas, financiando propaganda y armas para conspiradores militares. Kissinger también se reunió con otros altos funcionarios como William Rogers, secretario de Estado, quien expresó preocupación sobre el impacto diplomático si se descubrieran estas acciones. Pese a ello, Nixon fue contundente: "No podemos permitir que Chile se vaya por el desagüe".

Esta campaña incluyó el intento fallido de secuestrar al general René Schneider, defensor de la constitución chilena. Aunque la CIA financió a los conspiradores, el asesinato de Schneider fracasó en su objetivo y solo consolidó la elección de Allende.

Desestabilización económica y política (1970-1973)

Con Allende en el poder, Estados Unidos intensificó su campaña para desestabilizar a Chile. Las instrucciones de Nixon a la CIA de "hacer que la economía grite" se implementaron a través de acciones económicas y logísticas que incluyeron financiamiento de huelgas, propaganda mediática y contactos con conspiradores militares.

La CIA canalizó $20 millones de dólares^a.p.i. para financiar a los líderes gremiales de los camioneros, una estrategia diseñada para paralizar la logística del país. Este movimiento también incluyó el suministro de repuestos y dinero para combustible, asegurando la continuidad de la huelga. La Asociación de Camioneros recibió pagos directos a través de intermediarios empresariales chilenos, quienes mantenían estrechos vínculos con la embajada de EE.UU.

En 1970, la CIA estableció contacto con el general Roberto Viaux, conocido por su postura golpista, para discutir la posibilidad de impedir que Allende asumiera la presidencia. Este contacto incluyó la provisión de armas y financiamiento con el objetivo de secuestrar al general René Schneider, un defensor clave de la constitución chilena que se oponía a cualquier intervención militar. Aunque el plan de secuestro fue concebido como una medida para desestabilizar el gobierno entrante, terminó en el asesinato de Schneider por un grupo de conspiradores. Este acto, en lugar de debilitar a Allende, generó una ola de rechazo tanto dentro como fuera de Chile, consolidando su ascenso al poder. La implicación de la CIA en este caso quedó documentada en registros internos que reflejan su apoyo financiero y logístico a los grupos involucrados.

El periódico El Mercurio, dirigido por Agustín Edwards, se convirtió en una pieza clave en la desestabilización mediática contra el gobierno de Salvador Allende. Edwards, conocido por su cercanía a Washington, viajó a Estados Unidos a finales de 1970 para reunirse con Henry Kissinger y directivos de la CIA. Durante estas reuniones, Edwards aseguró el apoyo financiero directo de la agencia, destinado a sostener una campaña constante de desinformación.

Con fondos canalizados a través de intermediarios, El Mercurio publicó titulares alarmistas y editoriales que pintaban un cuadro de cos económico y social en Chile. La conexión entre la CIA y el periódico se fortaleció en los años siguientes, con montos adicionales aprobados por el Comité 40, que supervisaba las operaciones encubiertas en América Latina.

Se aprobaron $7 205 077^a.p.i. en 1971 y $9 932 713^a.p.i. adicionales en 1972 para subsidiar a El Mercurio. Este periódico fue clave en la narrativa anti-Allende, respaldado por una red de revistas, libros y programas de televisión que propagaban desinformación a nivel nacional e internacional.

En colaboración activa con la CIA, la ITT ofreció $10,2 millones de dólares^a.p.i. adicionales para financiar actividades antiallendistas e incluso presionó al gobierno de Nixon para intervenir directamente en Chile. Documentos desclasificados de ITT revelan reuniones entre altos ejecutivos y funcionarios como Kissinger, donde se discutieron tácticas específicas para desestabilizar al gobierno.

• Edward Korry: Embajador de EE. UU. en Chile, proporcionó informes detallados sobre la situación política y facilitó la coordinación de fondos y contactos con grupos opositores.

• Agustín Edwards: Propietario de El Mercurio, viajó a EE. UU. para reunirse con altos funcionarios, incluyendo a Kissinger y miembros de la CIA, consolidando su papel como intermediario clave en las operaciones mediáticas.

• Henry Kissinger: Como asesor de Seguridad Nacional, supervisó directamente estas estrategias, asegurando que todas las acciones estuvieran alineadas con los intereses de EE. UU.

El golpe militar (septiembre de 1973)

Los reportes diarios al presidente Nixon en los días previos al golpe evidenciaron el conocimiento y apoyo de Washington. El President’s Daily Brief del 8 de septiembre de 1973 mencionaba planes específicos de oficiales de la Armada chilena para iniciar acciones contra el gobierno de Allende, contando con apoyo clave de unidades del Ejército y la Fuerza Aérea. A pesar de ello, también se observaba la falta de un plan completamente coordinado.

El 9 de septiembre, Jack Devine, oficial de la CIA, envió un cable CRITIC directamente al presidente Nixon y a altos funcionarios, alertando que el golpe ocurriría el 11 de septiembre. Este tipo de cable tenía máxima prioridad y se diseñó para informar de eventos críticos en tiempo real.

En una conversación posterior al golpe, Nixon preguntó a Kissinger si "nuestra mano" fue evidente en los eventos. Kissinger respondió que "nosotros no lo hicimos" directamente, pero reconoció que “ayudamos a crear las condiciones lo mejor posible” para su ejecución.

En agosto de 1973, el Comité 40 aprobó un presupuesto de $10,2 millones de dólares^a.p.i. para apoyar grupos del sector privado opuestos a Allende. Sin embargo, la transferencia fue retrasada por reservas del embajador Nathaniel Davis y del Departamento de Estado. Este financiamiento se sumó a los $82 millones de dólares^a.p.i. previamente gastados desde 1970 para propaganda, soporte a partidos políticos opositores y operaciones encubiertas, incluyendo inteligencia clave sobre instalaciones a tomar y listas de detenciones prioritarias.

Durante los meses previos al golpe, la CIA mantuvo contacto con oficiales militares chilenos, incluyendo el grupo liderado por Pinochet. Proporcionaron inteligencia táctica, listas de arresto y datos sobre infraestructura crítica. Estos insumos facilitaron la ejecución del plan militar y consolidaron la coordinación entre las fuerzas armadas. Los reportes diarios al presidente Nixon en los días previos al golpe evidenciaron el conocimiento y apoyo de Washington. El President’s Daily Brief del 8 de septiembre de 1973 informó sobre planes de golpe liderados por la armada chilena y respaldados por sectores del ejército. Tres días después, el informe confirmó que las acciones estaban en marcha y contaban con apoyo interinstitucional.

Nixon siempre estuvo al tanto. Temas geopolíticos de alrededor del mundo protagonizaban sus PDBs, donde los informes desclasificados detallan las estrategias encubiertas y el respaldo logístico que Washington brindó a los golpistas para facilitar el golpe militar del 11 de septiembre, siendo Chile solo uno de los varios puntos en su agenda para el día.

El legado del golpe y el rol de DINA (1973-1980s)

Tras el golpe, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue creada formalmente mediante el Decreto 521 en junio de 1974, aunque ya operaba de facto desde noviembre de 1973. Según documentos desclasificados, la DINA fue diseñada como una organización fuera del control de las fuerzas armadas chilenas, reportando directamente a Augusto Pinochet. Manuel Contreras, su director, recibía órdenes exclusivamente de Pinochet.

En febrero de 1974, Pinochet solicitó personalmente apoyo organizacional a Vernon Walters, subdirector de la CIA. Contreras fue invitado a Langley, donde recibió formación en gestión y estrategias para consolidar la DINA como una agencia represiva de alcance nacional e internacional.

La DINA lideró esta red multinacional de colaboración entre las fuerzas de inteligencia de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. Diseñada para eliminar a opositores políticos, la operación incluyó secuestros y asesinatos internacionales. Michael Townley, agente clave de la DINA, fue instrumental en esta red. Se le asignó una mansión en Lo Curro, Santiago, que sirvió como su base de operaciones y laboratorio clandestino. Desde allí, Townley diseñó estrategias y ejecutó ataques selectivos, como el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires en 1974. La misma red orquestó la explosión de un coche bomba en Washington, D.C., que mató a Orlando Letelier y a su asistente, Ronni Moffitt, en 1976. La conexión entre Townley y la DINA ilustra la logística sofisticada de la represión internacional bajo el mando de Pinochet.

La intervención de la CIA en Chile fue parte de una política sistemática de control hemisférico durante la Guerra Fría. Lo sucedido en Chile comparte patrones con otras intervenciones estadounidenses en América Latina: Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965 y Nicaragua en los años 80. Estas operaciones reflejan el rol instrumental de Washington en la consolidación de regímenes autoritarios aliados a sus intereses.

Para comprender el golpe de 1973 es crucial situarlo dentro de un marco de análisis geopolítico, identificando las interacciones entre el Estado chileno y el capital extranjero. Este evento, más que ser un caso aislado, se inserta en un patrón global de intervenciones de Estados Unidos. Entenderlo nos permite desarrollar una alfabetización mediática aplicada a la geopolítica, clave para anticipar y analizar las relaciones contemporáneas y los intereses económicos externos que influyen en las políticas nacionales.