GREENWASHING: Certificación 'Empresa B' es solo otra forma de no hacer nada pero decir que a tu empresa le importa el mundo

En un país donde el modelo neoliberal ha convertido derechos básicos en mercancías, la certificación Empresa B (‘B Corp’ en inglés) se presenta como un faro de esperanza: empresas que prometen equilibrar utilidades con bienestar social y ambiental. Sin embargo, detrás de este relato seductor se esconde una realidad incómoda: el sello actúa más como un barniz ético para corporaciones que reproducen lógicas extractivistas, que como una herramienta de transformación estructural.

Chile, paradójicamente, es el país con más empresas B per cápita a nivel mundial. Este dato, celebrado por cámaras de comercio y consultoras de sostenibilidad, merece una mirada crítica. Según el Informe de la Universidad de La Frontera (2024), el 62% de los nuevos empleos creados en el último año son informales, un síntoma de la precarización laboral que incluso empresas certificadas no logran revertir. En el caso de las PyMEs, donde se concentra el 73% de las Empresas B chilenas, la informalidad alcanza niveles alarmantes, con contratos temporales y salarios que no superan el 70% de la línea de la pobreza para un hogar de tres personas ($475.529), según datos de Fundación SOL (2023).

El requisito de "salarios dignos" se reduce a una declaración de buenas intenciones. B Lab no exige métricas vinculantes, permitiendo que empresas ajusten sus cálculos a realidades locales distorsionadas. En Petorca, zona devastada por el robo de agua por parte de agroexportadoras, existen B Corps cuyos proveedores agrícolas secan pozos comunitarios mediante drenes ilegales, práctica documentada en estudios como el de Dialnet (2016) sobre la crisis hídrica en la región. Mientras tanto, sus informes de sostenibilidad destacan reducciones de huella hídrica en oficinas corporativas de Vitacura, un distrito donde el consumo de agua por metro cuadrado es diez veces mayor al de comunas populares.

En este contexto, las críticas a nivel global también encuentran eco en Chile. Except Integrated Sustainability, una empresa pionera en sostenibilidad que abandonó la certificación B Corp tras varios años dentro del sistema, ha señalado problemas estructurales que reflejan las mismas contradicciones presentes en nuestro país. Según Except, los estándares del sistema tienden a premiar medidas superficiales —como auditorías externas costosas sobre emisiones— mientras ignoran políticas progresistas como semanas laborales reducidas o reinversión total en proyectos sostenibles propios.

La gobernanza corporativa, otro pilar del modelo, se limita a reformas cosméticas. Ninguna de las Empresas B chilenas tiene sindicatos en sus directorios, pese a que el sistema alemán —referente en participación laboral— demuestra que la inclusión de trabajadores en la toma de decisiones mejora la equidad sin afectar la productividad, como señala CIPER. Empresas como Patagonia Chile, icono del capitalismo consciente, mantienen brechas salariales donde los ejecutivos ganan 28 veces más que el promedio de sus empleados, según datos no auditados que ellas mismas reportan.

La cadena de suministro —el eslabón donde suelen esconderse las peores prácticas— queda fuera del radar. El 90% de las Empresas B exportadoras son filiales de multinacionales cuyos proveedores operan en la Araucanía o Quintero, territorios marcados por conflictos socioambientales. Una empresa de alimentos certificada puede obtener puntaje por instalar paneles solares en su bodega, mientras sus paltas se riegan con agua subsidiada por el Estado en zonas de sacrificio.

El proceso de recertificación trianual, lejos de garantizar mejoras continuas, se ha convertido en un trámite burocrático. El 45% de las empresas re-certificadas entre 2022-2024 mantuvieron puntajes estáticos en el área laboral, priorizando inversiones en marketing verde sobre aumentos salariales reales. No existen penalizaciones por retrocesos: una empresa puede reducir beneficios de salud para sus trabajadores y compensar perdiendo puntos en otras áreas menos costosas, como donaciones a ONGs ambientales.

Los costos de certificación —desde USD $1.000 para microempresas hasta USD $50.000 para multinacionales— crean un apartheid corporativo. Solo aquellas con capacidad de invertir en consultorías y reportes sofisticados acceden al sello, reproduciendo la lógica de un mercado donde la ética es un privilegio de clase. No es casualidad que el 85% de las B Corps chilenas estén radicadas en Las Condes, Vitacura o Providencia, comunas que concentran el 40% del PIB nacional mientras albergan solo al 7% de la población.

Este sistema, presentado como alternativa al capitalismo depredador, termina siendo su aliado perfecto. Al ofrecer una narrativa de cambio sin exigir redistribución real de poder o riqueza, la certificación Empresa B en Chile opera como un mecanismo de legitimación para un modelo agotado. Mientras el salario mínimo sigue bajo la línea de la pobreza y el 1% más rico captura el 33% de los ingresos, las empresas certificadas pueden ostentar un sello que las exonera de críticas, aunque sus prácticas profundicen las desigualdades que dicen combatir.

La pregunta no es si las B Corps son "mejores" que otras empresas bajo el capitalismo, sino si este tipo de certificaciones refuerzan la idea de que el sistema puede autorregularse. La evidencia sugiere que, en el Chile neoliberal, incluso las iniciativas bienintencionadas terminan siendo cooptadas por la maquinaria de acumulación que deberían desmantelar. Mientras no exijan participación obrera en utilidades, transparencia radical en cadenas de valor o límites estructurales a la concentración de riqueza, seguirán siendo parte del problema que dicen resolver.