Lo que mata a los Mapuche es lo mismo que mata a Palestinos
Chile e Israel continúan con genocidios que duran décadas y siglos, pero a algunos les incomoda esta comparación⬤
M4 _
27 Mar • Tiempo de lectura: 14 minutos
Una vez establecida la relación opresora, está instaurada la violencia. De ahí que ésta, en la historia, jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían lar oprimidos iniciar la violencia, si ellos son el resultado de una violencia?”
La historia del pueblo mapuche y el palestino se entrelazan como dos caras de una misma moneda: la resistencia frente a estados que buscan borrar su existencia mediante la ocupación militar, el despojo territorial y la asimilación forzada. Chile e Israel, aunque separados por miles de kilómetros, operan bajo lógicas gemelas de colonialismo de asentamiento, donde la violencia estatal se justifica como “seguridad” mientras se perpetúa un genocidio lento pero sistemático.
Ocupación territorial y desplazamiento forzado
La invasión española del siglo XVI encontró en los mapuche una resistencia férrea que duró más de tres siglos. Sin embargo, entre 1861 y 1883, Chile ejecutó la Pacificación de la Araucanía, campaña que anexó sus territorios mediante masacres, desplazamientos y reducciones comunitarias. El historiador Ward Churchill estima que la población mapuche se redujo de 500,000 a 25,000 en una generación, patrón que se repite en la Nakba palestina de 1948, donde más de 700,000 personas fueron expulsadas de sus tierras.
Tras la derrota final de los mapuches, las reducciones indígenas... se redujeron aún más, y las tierras expropiadas se utilizaron para expandir las haciendas. Los mapuches... conservaron menos de 500.000 hectáreas de los 10 millones que poseían anteriormente... Incapaces de subsistir con sus tierras ahora menguadas, los mapuches se convirtieron en mano de obra migrante en las haciendas; las reservas se convirtieron en una reserva de tierra y mano de obra para los grandes terratenientes.
Ambos estados consolidaron su control mediante políticas de colonización: Chile con subsidios a empresas forestales bajo el Decreto Ley 701 de Pinochet, Israel con asentamientos ilegales respaldados por Estados Unidos. Hoy, el 72% del agua en la Araucanía chilena está destinada a plantaciones forestales, mientras Israel controla el 85% del agua en Cisjordania ocupada, y restringiendo el acceso absoluto a las personas en Gaza.
Mientras los yanomami, los jíbaros y otros pueblos amazónicos eran masacrados o relegados a pequeñas reservas, o "parques", como se les llama en Brasil, el dictador militar chileno Augusto Pinochet completaba el proceso de reduccione impuesto a los mapuches por sus predecesores. El 12 de septiembre de 1978, anunció "la promulgación próxima de una ley relativa a la propiedad indígena. Esta ley... permitirá a los descendientes [de la "raza" mapuche] optar voluntaria y libremente por la propiedad privada de la tierra en aquellos casos en que prefieran esta fórmula al actual sistema de propiedad comunitaria".
En 1979, el gobierno de Pinochet introdujo una ley diseñada para dividir las tierras comunales de los mapuches y convertirlas en minifundios. La ley facilitó la división al establecer que cualquier miembro de una comunidad indígena podía exigir la división de la tierra... El borrador de la ley de 1979 disponía que, una vez dividida la tierra entre los indígenas, los terratenientes indígenas dejarían de ser considerados indígenas... Hoy en día, solo veinte reservas mapuche permanecen intactas. El nuevo gobierno civil ha acordado promulgar una ley para detener una mayor división, pero dada la drástica pérdida de tierras ya sufrida, esto es más un simbolismo que otra cosa.
Militarización y criminalización de las resistencias mapuche y palestinas
La arquitectura legal represiva contra mapuches y palestinos presenta patrones convergentes documentados en instrumentos internacionales, y ha permitido procesar a 126 mapuches entre 2001-2022, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La Ley Antiterrorista chilena 18.314, promulgada por Pinochet en 1984 y modificada en 1991, sigue siendo un eje de criminalización contra el pueblo mapuche. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su artículo 15 sobre testigos secretos fue condenado en el Caso Norín Catrimán (2014), que determinó violaciones al debido proceso en los casos de líderes como Víctor Ancalaf (werkén de Trapilwe) y Pascual Pichún (lonko de Temulemu). Esta ley ha sido utilizada para justificar penas agravadas y el uso de testigos secretos en procesos judiciales, violando derechos fundamentales como la presunción de inocencia. En paralelo, Israel aplica detenciones masivas contra palestinos bajo acusaciones de seguridad.
La Corte estimó que las decisiones de adopción y mantenimiento de la prisión preventiva de Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Patricia Roxana Troncoso Robles, Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual Huentequeo Pichún Paillalao no se ajustaron a los requisitos de la Convención Americana en cuanto a la necesidad de basarse en elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona ha participado en el ilícito que se investiga […]
A finales de diciembre de 2024, el Servicio Penitenciario Israelí (IPS) mantenía detenidos a 9,619 palestinos por motivos definidos como “de seguridad”, incluyendo 2,216 provenientes de Gaza. Además, 1,705 palestinos fueron encarcelados por estar en Israel sin permisos legales, según datos recopilados por B’Tselem. Estas cifras reflejan un aumento significativo en las detenciones desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, lo que ha llevado a denuncias internacionales sobre condiciones inhumanas en las cárceles israelíes.
Además, 3,327 palestinos se encontraban detenidos en detención administrativa. Según la Unión Europea, la «detención administrativa» es un término que abarca el arresto y la detención de personas sin cargos ni juicio, generalmente por razones de seguridad. La detención se autoriza mediante una orden administrativa, no mediante un decreto judicial. Numerosos países utilizan la detención administrativa como medio para combatir el terrorismo, controlar la inmigración ilegal o proteger al régimen gobernante. A diferencia del encarcelamiento, que es consecuencia de una condena tras un juicio, la detención administrativa es una medida preventiva basada en la presunción de que el sospechoso podría representar una amenaza en el futuro.
En algunos casos, los militares mantienen a los detenidos administrativamente, hasta que haya lugar para ellos en una instalación del IPS.
Detenciones administrativas
Menores de edad palestinos bajo custodia de las fuerzas de seguridad israelíes
Chile como cliente armamentista de Israel
El vínculo entre Chile e Israel en materia militar maximiza la represión en territorios ocupados. Desde la dictadura de Pinochet hasta la actualidad, Chile ha adquirido tecnología militar israelí del fabricante Elbit Systems, la compañía de defensa más grande de Israel, incluyendo drones Hermes 900, utilizados tanto en Gaza como en la región de La Araucanía para vigilancia y control territorial. Según Ramona Wadi, Israel vende su armamento como “testeado en terreno”, haciendo referencia a su uso contra palestinos en Gaza.
Esta tecnología se utiliza ahora contra comunidades mapuche bajo el estado de excepción prolongado por Gabriel Boric desde 2021. Wadi destaca que los gobiernos chilenos, tanto de derecha como de centroizquierda, han mantenido una política activa de militarización del Wallmapu con el apoyo de tecnología israelí, lo que refleja un paralelismo colonial entre las luchas mapuche y palestina. Para una comprensión más profunda sobre este tema, se recomienda leer su artículo “Chile, a Testing Ground for Israeli Weapons”. Wadi es una periodista independiente especializada en Palestina y América Latina, con publicaciones también en Middle East Monitor y The New Arab, lo que refuerza su experiencia en temas relacionados con derechos humanos y colonialismo.
Doble discurso de Boric
La visita del presidente Gabriel Boric a La Araucanía en noviembre de 2022 fue criticada ampliamente por organizaciones mapuche y grupos sociales. Según un comunicado de la CAM, Boric priorizó reuniones con empresarios forestales y autoridades locales vinculadas al extractivismo, ignorando las demandas históricas del pueblo mapuche. La CAM calificó estas acciones como una continuidad del “colonialismo forestal” y denunció que el gobierno ha intensificado la militarización del Wallmapu mientras minimiza los esfuerzos por restitución territorial.
Para nosotros, nada ha cambiado, por el contrario, ahora el colonialismo y el capitalismo se presentan con aires «progresistas», reacomodándose en el Wallmapu para continuar con el saqueo, la criminalización, la represión, el asesinato y el encarcelamiento de nuestros weichafe, verdaderos revolucionarios que no se someten a esta pseudoizquierda artera y traidora del movimiento mapuche autonomista.
En noviembre de 2023, Boric promulgó la Ley Antitomas (21.732), diseñada para criminalizar las ocupaciones territoriales mapuche. El caso de Sara Huincatripay, integrante de la comunidad Wechun Lleu Lleu, se convirtió en emblemático al ser la primera persona procesada bajo esta ley en la provincia de Arauco. Según Resumen.cl, Huincatripay fue formalizada por usurpación tras realizar trabajos agrícolas en tierras reclamadas por su comunidad. Organizaciones internacionales han denunciado que esta ley viola el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), ambas ratificadas por Chile.
Habían prometido desmilitarizar el Wallmapu y cerrar una base de la policía militar instalada en Pailahueque, justo al lado de un liceo técnico profesional, donde la mayoría de los estudiantes son mapuche de la zona de Malleco y otras ciudades cercanas.
Esa base no fue clausurada ni desmantelada; al contrario, más armas, tanques, helicópteros, recursos tecnológicos, drones y aviones no tripulados espían y reprimen continuamente a las comunidades movilizadas que avanzan y recuperan sus tierras. ¡Siguen desplegados allí!
Con el gobierno de Boric, el Estado de Excepción Constitucional se ha prorrogado una vez más, lo que implica la militarización permanente del territorio mapuche. Últimamente, el gobierno de Boric ha estado enviando tropas de comando para asentarse en territorio mapuche. Y eso traerá más represión, más violencia y más terrorismo de Estado contra las comunidades mapuche y las organizaciones que avanzan hacia la autonomía y la recuperación de nuestro territorio.”
Resistencia y solidaridad transnacional
Desde su fundación en Tranaquepe en 1998, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) ha liderado múltiples acciones directas contra las empresas forestales que operan en territorio ancestral mapuche. Entre estas acciones se destacan incendios a maquinaria pesada y tomas territoriales como parte del proceso denominado liberación nacional. Según CeDeMa, estas estrategias buscan recuperar tierras históricamente despojadas y restaurar el equilibrio territorial (kvme felen).
La solidaridad internacional entre pueblos oprimidos ha sido registrada múltiples veces en los últimos años, en las que miles marchan en Santiago portando banderas mapuche y palestinas bajo el lema “Nuestra resistencia no tiene límites”. Un evento en particular, el 25 de octubre de 2023, fue acompañado por el concierto “Chile Canta Palestina Contra Toda La Violencia”, donde artistas como Ana Tijoux, Pablo Chill-e, Illapu, entre otros, destacaron los vínculos entre ambas luchas anticoloniales. Ramona Wadi también subraya estas conexiones en su artículo para Orient XXI, señalando que tanto palestinos como mapuche enfrentan formas similares de colonialismo y militarización respaldadas por intereses neoliberales globales directamente vinculados y comercializados.
La falacia de la militarización
El gobierno de Boric ha aumentado el gasto militar en la Araucanía en $1,500 millones para 2025, equiparando seguridad con represión. Pero como muestran los ataques a camiones madereros (+44% en 2022) y la Operación Jenin (2024-2025), cada tanque enviado al sur de Chile o cada bombardeo en Gaza solo multiplica la resistencia. Mientras Israel gasta $23,000 millones anuales en defensa sin lograr someter a Palestina, Chile descubre que el 4% de su madera comercializada es robada por mafias que operan en zonas de conflicto mapuche, prueba de que la violencia estatal alimenta el caos que dice combatir.
La solución no está en balas, sino en justicia histórica: cumplir el Tratado de Tapihue de 1825 que reconocía autonomía mapuche, aplicar el Convenio 169 de la OIT sobre consulta indígena, y frenar la colonización forestal que secó el 80% de las fuentes hídricas en Wallmapu son solos los primeros pasos. Como gritan en las calles de Santiago y Ramala: No hay paz sin descolonización.
En 1977, Antonio Millape, un mapuche, testificó ante las Naciones Unidas sobre los métodos mediante los cuales ya se estaban logrando los objetivos del régimen: “Vayan a cualquier hogar mapuche hoy, y encontrarán que el perro de afuera no ladra, porque está demasiado débil. Si entran, encontrarán a uno o más niños enfermos, muriendo de hambre. Puede haber más niños afuera, y les dirán que sus padres no están en casa. No les crean. Si entran, los encontrarán también, muriendo de hambre y desnutrición extrema. Esta es la forma de exterminio hoy, bajo Pinochet”. Millape también habló de “tortura, asesinato y el terror de… escuadrones de la muerte militares. Juan Condori Urichi, un indígena minka’a de Bolivia, habló de atrocidades similares contra su pueblo”. Desde entonces, cada año, delegados que representan a diversos pueblos indígenas de América del Sur han testificado en el mismo sentido —y generalmente han aportado amplia documentación para fundamentar sus declaraciones— ante el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas.
La libertad, que es una conquista y no una donación, exige una búsqueda permanente.”
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